Diario de Noticias de la Provincia de Buenos Aires

Domingo 20 Agosto de 2017
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01/08/2017
Judicial

El texto del fallo que declaró nulo el fallo contra la designación de Culotta

Info7días accedió a la resolución judicial de la Cámara Federal de La Plata que beneficia al juez que tiene a cargo las elecciones.

Poder Judicial de la Nación 
CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA I 

La Plata, de agosto de 2017.- 
AUTOS Y VISTOS: Este expediente N° FLP 12713/2017/CA2,caratulado: “AJUS LA PLATA, BERISSO Y ENSENADA ASOCIACION CIVILc/ CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DEL PODER JUDICIAL DE LANACION s/ACCION DECLARATIVA DE CERTEZA”, proveniente del JuzgadoFederal de Primera Instancia N° 4 de esta ciudad.- 

Y CONSIDERANDO QUE:I. La sentencia de primera instancia, obrante a fojas 266/299 vta., hizolugar a la demanda promovida por AJUS La Plata, Berisso y Ensenada AsociaciónCivil y, en consecuencia declaró la inconstitucionalidad de la designación del Dr.Juan Manuel Culotta como juez subrogante a cargo de la Secretaría Electoral en elJuzgado Criminal y Correccional N° 1 de La Plata. En tal sentido, dispuso el cese enel ejercicio de la subrogancia que se encuentra realizando, una vez vencido el plazode diez (10) días de notificada la sentencia, salvo que con anterioridad cesen lasrazones que originaron su nombramiento. Sin perjuicio de lo decidido, declaró lavalidez de los actos cumplidos por el señor juez subrogante hasta la fecha de lasentencia.Para así decidir, el juez a quo rechazó in limine la recusación concausa promovida por la demandada, al igual que la excepción de falta delegitimación activa que oportunamente también dedujo esa parte. Declaró lainconstitucionalidad del régimen de subrogaciones establecido por la Ley N°27.145; asimismo, que hasta tanto se disponga la creación del Juzgado FederalElectoral de la Provincia de Buenos Aires, la competencia del Juzgado Criminal yCorreccional Federal N° 1, Secretaría Electoral de La Plata, debe ser ejercida por unsolo magistrado, por tratarse de un órgano unipersonal; que la creación de dichoJuzgado se establece por ley del Congreso de la Nación, y queda reservado a lacompetencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la atribución de disponersu puesta en funcionamiento; que a los fines de impedir la discrecionalidad en lasdecisiones y garantizar el principio constitucional del “juez natural”, la atribución delas subrogancias debe quedar explicitada de manera objetiva y; por último, que sonlos jueces de primera instancia más cercanos a la jurisdicción y en el orden queestablece el fallo “Uriarte” los llamados a subrogar en el orden de nómina de lostribunales –número- para aquellas jurisdicciones territoriales en donde tenganasiento más de un tribunal con la misma competencia en razón de la materia y grado.Finalmente, impuso las costas del juicio a la demandada.Fecha de firma: 01/08/2017Firmado por: JULIO VICTOR REBOREDO, JUEZ DE CAMARAFirmado por: CARLOS ROMAN COMPAIRED, JUEZ DE CAMARAFirmado por: ROBERTO AGUSTIN LEMOS ARIAS, JUEZ DE CAMARA#29590653#184533152#20170801115118786Poder Judicial de la NaciónCAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA III. Contra dicho pronunciamiento, el Estado Nacional (Consejo de laMagistratura de la Nación – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) interpusorecurso de apelación; una vez concedido con efecto suspensivo, expresó agravios,los que merecieron la réplica de la parte actora (v. fs. 301/303, 304/305, 306/334 y336/353 vta.).III. Los agravios de la recurrente son los siguientes:a) El juez de primera instancia dictó sentencia sin que exista causa ocaso contencioso, en los términos del artículo 116 de la Constitución Nacional yartículo 2° de la Ley N° 27; sumado a que encauzó inadmisiblemente una pretensiónimpugnatoria de actos administrativos por la vía sumarísima del artículo 322 delCPCCN, vale decir a través de una acción meramente declarativa de certeza.b) Rechazó erróneamente el planteo de falta de legitimación activa, yaque la accionante no demostró un interés suficiente que la legitime según su objetosocial para demandar la inconstitucionalidad del nombramiento de un juezsubrogante. Señala que su defensa por el “interés público” no es razón suficiente niconcreta para promover las presentes actuaciones, AJUS no es un partido político niun actor electoral. Por último, los demás fines estatutarios no se vinculandirectamente con la pretensión de autos.c) Vulneró el principio de congruencia al resolver extra petita, sobreextremos que no fueron planteados por la accionante ni debatidos en autos, por loque solicita se decrete la nulidad de la sentencia dictada. Sostiene que la pretensiónde AJUS se redujo a solicitar que se declarase si resulta constitucional o no lasubrogación del Juzgado Federal N° 1 de La Plata por un juez de otra jurisdicción ycon otra competencia; por el contrario, no se puso en debate la división de lacompetencia del juzgado a los fines de designar los jueces que lo subroguen, lo quefue ponderado por la accionante. Por eso, al disponer que el mencionado Juzgadodebe ser subrogado por un solo magistrado excedió su potestad jurisdiccional yalteró el debido proceso y el derecho de defensa de la demandada. De la mismamanera, la sentencia se encuentra viciada cuando dispone el modo en que se debenasignar en el futuro las subrogaciones, asumiendo facultades que son propias delConsejo de la Magistratura de la Nación.Por otra parte, declaró la inconstitucionalidad de la Ley N° 27.145 sinque ninguna de las partes litigantes se lo pidiera, sin brindarle a la demandada laposibilidad de alegar, previamente, sobre la cuestión.Finalmente, sostiene que el modo en que se ha resuelto la causa afectóla integración de la litis, dado que no se ha citado a juicio al juez federal Culotta,Fecha de firma: 01/08/2017Firmado por: JULIO VICTOR REBOREDO, JUEZ DE CAMARAFirmado por: CARLOS ROMAN COMPAIRED, JUEZ DE CAMARAFirmado por: ROBERTO AGUSTIN LEMOS ARIAS, JUEZ DE CAMARA#29590653#184533152#20170801115118786Poder Judicial de la NaciónCAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA Icuyo nombramiento se pretende dejar sin efecto sin siquiera darle la posibilidad dedefensa, lo que anularía todo el procedimiento. Señala que al contestar la demanda,cuestionó -como ya se hizo referencia- el procedimiento abreviado elegido por laaccionante para impugnar el acto administrativo en cuestión, lo que terminóperjudicando la debida integración de la causa. Concretamente sostiene: “Se discutiósobre la designación del magistrado Dr. Culotta como subrogante en la JusticiaFederal de La Plata, la legitimidad de la misma, y su validez y eficacia jurídica, sinque el mismo haya sido oído. No puede obviarse otorgarle al mismo la posibilidadde intervenir en las actuaciones a los efectos de que procure la defensa de susderechos, pues ellos se ven afectados por la resolución a la que llegó elsentenciante. (…) La congruencia debe ser mirada, por un lado, con relación a lapretensión hecha valer en juicio y la oposición a ella, y por otro, con relación a laejecución de lo resuelto. Y en este caso, la ejecución de lo resuelto transforma aterceros no oídos en el proceso en “demandados perdidosos”, en tanto seencuentran obligados a acatar una sentencia cuyos alcances los involucraindefectiblemente. El pronunciamiento guarda silencio al respecto.”d) En cuanto al fondo de la cuestión debatida, la recurrente señala queno resulta aplicable a este caso la doctrina del fallo de la Corte Suprema de Justiciade la Nación en el caso “Uriarte”, donde se debatió la designación de un “conjuez”y/o “secretario” como subrogante, y no de un juez titular, como aquí se trata,investido para ello conforme al procedimiento constitucional pertinente. Por otrolado, sobre las pautas que deberán tenerse en cuenta para la designación de losjueces subrogantes, establecidas por el artículo 1°, inciso a), de la Ley N° 26.376 -alas que remite dicho precedente-, arguye que no son útiles para resolver el caso delJuzgado en cuestión, dado que no existe en la jurisdicción platense ni en la provinciade Buenos Aires otro juzgado federal que posea igual competencia electoral.e) La designación del juez Culotta como subrogante en el JuzgadoFederal N° 1 de esta ciudad, en la materia electoral, no es inconstitucional ya que laefectuó el órgano competente para ello -es decir, el Consejo de la Magistratura de laNación, conf. art. 6, inc. 9), de la Ley N° 26.855-; disponiendo la subrogaciónseparada de la materia criminal y correccional para suplir de la mejor manera laextendida vacancia del juzgado, en un año electoral que demandará una profusaactividad.Asimismo, señala que resulta contradictorio el juez a quo al cuestionarel aparente desdoblamiento de la competencia del Juzgado y, por ende, ladesignación de dos jueces subrogantes para que se hagan cargo de las diferentesFecha de firma: 01/08/2017Firmado por: JULIO VICTOR REBOREDO, JUEZ DE CAMARAFirmado por: CARLOS ROMAN COMPAIRED, JUEZ DE CAMARAFirmado por: ROBERTO AGUSTIN LEMOS ARIAS, JUEZ DE CAMARA#29590653#184533152#20170801115118786Poder Judicial de la NaciónCAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA Imaterias, declarando la inconstitucionalidad de la designación del juez Culotta y nola del juez Kreplak, asignado para atender las cuestiones penales.No se ha violado la garantía del juez natural, ya que para la materiapenal se designó al juez con igual competencia más cercano de la jurisdicción,mientras que para la electoral no había otro juez en esas condiciones, con lo cual ladesignación de Culotta no afectó el orden de prelación dispuesto en la Ley N°26.376, siendo sí un juez titular con competencia territorial en la provincia deBuenos Aires.Por último, en cuanto a la falta de motivación de la designación, señalaque las resoluciones del Consejo de la Magistratura Nros. 1/2016 y 104/2017expresan una decisión adoptada luego de un debate por el Plenario del Cuerpocolegiado, habiendo sido precedido por el correspondiente dictamen de Comisión,de acuerdo con un procedimiento reglado que surge de su reglamento defuncionamiento, con el quórum que exige la normativa.IV. Por su parte, la parte actora rechazó los agravios expresados por lademandada y, consecuentemente, defendió su legitimación, la existencia de un “casojudicial”, la comprobación de los extremos invocados que justificaron la admisiónde la acción declarativa de certeza, con la consecuente declaración deinconstitucionalidad de la designación del juez Culotta como subrogante y lacorrecta aplicación al caso del fallo “Uriarte”. Nada dijo respecto de los planteos denulidad.V. Corrida la pertinente vista al Fiscal General ante esta Cámara,dictaminó a fojas 357/360 que debía confirmarse la sentencia apelada, con remisióna los fundamentos del fallo “Uriarte” y a los argumentos utilizados por el juez a quo.Tampoco hizo ninguna referencia al planteo de nulidad del proceso, pese a que tienela función de velar por el debido proceso legal [conf. art. 31, inc. a), de la Ley N°27.148].VI. Sentado ello, corresponde expedirse primero, por su incidencia enel resultado del pleito, sobre el pedido de nulidad de la sentencia, el que-adelantamos- tendrá acogida favorable, por los argumentos que a continuación seexpondrán.VII. Una exigencia previa emanada de la función jurisdiccional quepueden ejercer aún de oficio los Tribunales, pero que en este caso la recurrente loreclama explícitamente, es el control del desarrollo del procedimiento cuando seencuentran comprometidos aspectos que atañen el orden público, ya que la eventualFecha de firma: 01/08/2017Firmado por: JULIO VICTOR REBOREDO, JUEZ DE CAMARAFirmado por: CARLOS ROMAN COMPAIRED, JUEZ DE CAMARAFirmado por: ROBERTO AGUSTIN LEMOS ARIAS, JUEZ DE CAMARA#29590653#184533152#20170801115118786Poder Judicial de la NaciónCAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA Iexistencia de un vicio capaz de provocar una nulidad absoluta y que afecte unagarantía constitucional no podría convalidarse (conf. Fallos: 320:854). Para la declaración de nulidad de un acto procesal no basta la sanciónlegal, sino que es necesario que el acto no haya cumplido el fin al cual iba dirigido(principio finalista de la nulidad). Por ello, el juez se encuentra facultado paradeclarar la nulidad, aún a falta de un texto imperativo, cuando se ha omitido unelemento sustancial en la ejecución de un acto; se trata de las nulidades implícitas(LL 1995-E-217; DJ 1995-II-423; LL 1997-F-938). “Aun cuando la ley no conminela nulidad de un acto, éste podrá ser anulado si carece de los requisitosindispensables para lograr su fin” (Alcalá Zamora y Castillo, Adiciones de derechoespañol; en Carnelutti, “Sistema”, T. I, p. 415).La finalidad del acto no debe interpretarse desde un punto de vistasubjetivo, referido al cumplimiento del acto, sino en su aspecto objetivo, o sea,apuntando a la función del acto (conf. Palacio, Derecho Procesal Civil, T. IV, p.145). Pues el objetivo principal de la nulidad es la de asegurar la garantía de defensaen juicio, así como la buena administración de justicia (Conf. Podetti, Tratado de losactos procesales, T. II, p. 486/487; Mortara, Comentario, T. II, p. 811/816, citadopor Maurino, Nulidades procesales, Ed. Astrea, p. 96).Las nulidades que se refieren a actos esenciales e irreproducibles delproceso, llamadas absolutas, pueden ser declaradas hasta de oficio, en cualquierestado y grado del proceso. Para ello, deben ser manifiestas y aparecer nítida suilegitimidad, principio que rige ante flagrantes violaciones de cláusulasconstitucionales que acarrean perjuicios de tardía o imposible reparación ulterior(Rep. JA, 1992-687, N° 3). Más aún entonces, cuando es la propia perjudicada laque demanda en su auxilio la nulidad de un acto viciado.Por eso, una resolución es defectuosa si se ha cometido una fallaprocesal en lo que se refiere a su discusión y pronunciamiento (Rosenberg, Tratado,T. I, p. 439; en Maurino, Nulidades Procesales, 3° edición, Astrea, p. 245). En talsentido, el artículo 34, inciso 4°, del CPCCN, dispone que las sentencias y autosinterlocutorios deben tener motivación suficiente so pena de nulidad. La CorteSuprema de Justicia de la Nación le ha reconocido raíz constitucional al deber demotivación de las resoluciones (Fallos: 325:1845). En efecto, de acuerdo conjurisprudencia aplicada reiteradamente por el Máximo Tribunal, para que exista"juicio" en el sentido constitucional del término es necesario que en el curso delproceso se hayan observado ciertas formas sustanciales relativas a la acusación,defensa, prueba y sentencia.Fecha de firma: 01/08/2017Firmado por: JULIO VICTOR REBOREDO, JUEZ DE CAMARAFirmado por: CARLOS ROMAN COMPAIRED, JUEZ DE CAMARAFirmado por: ROBERTO AGUSTIN LEMOS ARIAS, JUEZ DE CAMARA#29590653#184533152#20170801115118786Poder Judicial de la NaciónCAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA IEn cuanto a esa última, su motivación es un requisito esencial. Así loestableció la Corte Suprema en Fallos: 236:27 al expresar que es evidente que a lacondición de órganos de aplicación del derecho vigente, va entrañablemente unida laobligación que incumbe a los jueces de fundar sus sentencias. La exigencia de quelos fallos judiciales tengan fundamentos serios, además de reconocer raízconstitucional, tiene como contenido concreto el imperativo de que la decisión seconforme a la ley y a los principios de la doctrina y la jurisprudencia vinculados conla especie a decidir (Fallos: 279:355).VIII. Ahora bien, de las constancias de la causa surge que, una vezinterpuesta la demanda, luego de un primer rechazo de la medida cautelarpeticionada, el juez de primera instancia hizo lugar a la medida interina prevista porel artículo 4°, inciso 1°, de la Ley N° 26.854 y, consecuentemente, suspendió losefectos de la resolución 104/2017 del Consejo de la Magistratura que designó juezsubrogante al doctor Culotta. Asimismo, requirió al citado organismo el informeprevisto en dicha norma y le corrió traslado de la demanda.Contestado el informe, el juez interviniente confirmó con caráctercautelar la medida interina ya decretada, bajo caución juratoria. Dicha decisión seencuentra apelada por la demandada, con efecto suspensivo, según lo resuelto poresta Sala en decisión de fecha 20 de abril del año en curso.Luego de que el Estado Nacional contestó la demanda, el juezRecondo, sin más, dictó sentencia.IX. Así las cosas, ante el planteo de la recurrente y las consideracionesdesarrolladas en el punto VII que antecede, no puede obviarse que la Corte Supremade Justicia tiene una abundante doctrina en la que se han considerado nulos losprocesos en los que se pretendió ejecutar una sentencia contra un tercero que nohabía intervenido en él y a través de lo cual se afectaban de manera directa ysuficiente sus intereses y su derecho de defensa en juicio (art. 18 de la Const. Nac.).En “Ruarte Bazán” (Fallos: 335:1412), adhiriendo al Dictamen de laProcuradora Fiscal, declaró la nulidad de las actuaciones realizadas sin laparticipación de la persona designada para ocupar el cargo docente por los actosadministrativos cuya nulidad se solicitó en la causa. Pues en esas condiciones, lasentencia que anuló dicha designación pierde toda utilidad al no poder ser aplicada aquien no fue parte ni tuvo la posibilidad de ejercer su derecho de defensa en juicio.Sostuvo que, con independencia de la calidad en la que aquélla hubieradebido participar en el proceso, ya sea como litisconsorte necesario pasivo o comotercero interesado, y sin perjuicio del principio que indica que la intervención deFecha de firma: 01/08/2017Firmado por: JULIO VICTOR REBOREDO, JUEZ DE CAMARAFirmado por: CARLOS ROMAN COMPAIRED, JUEZ DE CAMARAFirmado por: ROBERTO AGUSTIN LEMOS ARIAS, JUEZ DE CAMARA#29590653#184533152#20170801115118786Poder Judicial de la NaciónCAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA Iterceros en un proceso debe ser admitida con carácter restrictivo, lo cierto ydeterminante es que no se la debió privar de la posibilidad de intervenir en esosautos, sino que, por el contrario, se le debió asegurar esa opción a efectos de quepudiera manifestar lo que estimare pertinente para la defensa de los derechos que losactos administrativos le otorgaban, los que al final fueron desbaratados en lasentencia dictada en un litigio irregularmente integrado.Finalmente recordó que lo que se encuentra en juego es nada menosque la garantía constitucional de la defensa en juicio, sobre cuyo contenido la CorteSuprema ha señalado que exige otorgar al interesado ocasión adecuada para suaudiencia y prueba en la forma y con las solemnidades que establecen las leyesprocesales (Fallos: 319:1600; 323:2653; entre otros).La doctrina del caso “Ruarte Bazán” se ha ido consolidando a travésde posteriores pronunciamientos, en las causas “Utrera, Gastón Ezequiel c/Universidad Nacional de Córdoba s/ art. 32 – ley 24.751” (U. 39. XLVIII), fallo del25 de febrero de 2014; “López, María Gabriela c/ resolución n° 196/07 del ConsejoSuperior de la UNNE s/ recurso apelación art. 32 de la ley de educación superior n°24.521” (CSJ 33/2013), fallo del 24 de febrero de 2015; y, recientemente,“Castañeiras, Claudia Elena c/ Universidad Nacional de Mar del Plata s/ recursodirecto ley de educación superior 24.521” (FMP 81013653/2011), fallado el 11 deabril de 2017.X. No lo hizo solo en la órbita del derecho administrativo donde sedebatan la legitimidad de las designaciones derivadas de concursos de docentesuniversitarios. También mantuvo el criterio expuesto en cuestiones vinculadas con elderecho real de posesión (“Kratzer”, Fallos: 256:198), juicios de divorcio (“ZapataTimberlake”, Fallos: 311:2247) y disputas patrimoniales (“Brizuela”, Fallos:330:1888).En el caso “Andrades” (Fallos: 331:1583), anuló las actuacionesllevadas adelante en un amparo en el que integrantes del Ministerio Público de laNación reclamaron el cobro de diferencias salariales, por falta de la debidaintervención de dicho organismo no ya como defensor de la legalidad y de losintereses generales de la sociedad que le encomendó la Ley N° 24.946 sino por sucalidad de autoridad administrativa interesada en la causa, en procura de la debidasalvaguarda de las garantías constitucionales de la defensa en juicio y del debidoproceso (Fallos: 310:57 y 1797; 312:1580; 315:2581; entre otros).Con igual criterio admitió la procedencia del recurso extraordinariointerpuesto por un tercero desprovisto de la calidad de parte cuando la sentenciaFecha de firma: 01/08/2017Firmado por: JULIO VICTOR REBOREDO, JUEZ DE CAMARAFirmado por: CARLOS ROMAN COMPAIRED, JUEZ DE CAMARAFirmado por: ROBERTO AGUSTIN LEMOS ARIAS, JUEZ DE CAMARA#29590653#184533152#20170801115118786Poder Judicial de la NaciónCAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA Idictada sin su intervención afectaba sus legítimos intereses (Fallos: 242:396;251:521; 306:1719; 328:4060; y en autos G. 2096. XL., “Garayo, Elsa Irene s/medida cautelar”, fallo del 21-08-2007).Por último, con relación al procedimiento administrativo en materiaprevisional, sostuvo que las atribuciones con que cuentan los organismosadministrativos para suspender, revocar, modificar o sustituir las resoluciones queotorguen beneficios jubilatorios -art. 15 de la ley 24.241- existen a condición de quela nulidad resulte de hechos o actos fehacientemente probados, y presupone que sehaya dado a los interesados participación adecuada en los procedimientos,permitiéndoles alegar y probar sobre los temas cuestionados con el objeto deresguardar la garantía de la defensa en juicio (conf. CSJN en autos A. 1415. XL.,caratulado “Alarcón Vargas, Froilan c/ ANSeS s/ recomp. del haber cargo c. benef.– med. Caut.”, fallo del 11-12-2007).XI. Las Salas de esta Cámara Federal de Apelaciones tampoco semantuvieron al margen de esta doctrina, y adoptaron la misma decisión en aquelloscasos en los que se pretendía ejecutar una sentencia dictada en un proceso en el queno había sido parte el sujeto contra quien se dirigía.Concretamente, en los miles de juicios promovidos por el denominado“corralito financiero”, cuando el proceso no había incluido al banco depositario delos fondos reclamados, y éste no había tenido noticia fehaciente ni personal de lasactuaciones a través de un oficio o de una decisión cautelar, las Salas de esteTribunal fueron afines en anular la sentencia que ordenaba devolver los depósitosbancarios de los accionantes en su moneda de origen, vale decir en dólaresestadounidenses (conf. Sala I, expte. N° 8741/04, caratulado “Sacchi, Ariel c/Estado Nacional s/ amparo”, fallado el 27-04-2007; Sala II, expte. N° 4230/03,caratulado “Breccia, Alejandro y otro c/ Estado Nacional s/ amparo”, fallado el 01-04-2003; Sala III, expte. N° 3307/02, “Rossi, Jorge R. c/ Estado Nacional s/amparo”, fallado el 26-11-2002).Para así decidir, consideraron que se configuraba una “falta deintegración de la litis” o, lo que es igual, un proceso sin integración debida delcontradictorio, que no admitía su tramitación con la ausencia de una parteindispensable, pues la eficacia de la sentencia se hallaba subordinada, por lanaturaleza de la relación o situación jurídica controvertida, a la circunstancia de quela pretensión procesal sea propuesta frente a varias personas -en el caso, lo eran elEstado Nacional y la entidad bancaria depositaria de los fondos de los ahorristas y,por ello, destinataria del cumplimiento de la sentencia-. Sostuvieron que elFecha de firma: 01/08/2017Firmado por: JULIO VICTOR REBOREDO, JUEZ DE CAMARAFirmado por: CARLOS ROMAN COMPAIRED, JUEZ DE CAMARAFirmado por: ROBERTO AGUSTIN LEMOS ARIAS, JUEZ DE CAMARA#29590653#184533152#20170801115118786Poder Judicial de la NaciónCAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA Ilitisconsorcio procede siempre que, por hallarse el interés de un terceroindisolublemente unido al de uno de los sujetos procesales, su modificación,constitución o extinción no tolera un tratamiento procesal por separado y sólo puedelograrse a través de un pronunciamiento judicial único para todos los litisconsortes,a lo que resulta indiferente el objeto mediato de la pretensión. Frente a ello,concluyeron que cuando el proceso no se encuentra debidamente integrado mediantela participación o citación de todas las personas legitimadas o con un interéssuficiente y concreto, correspondía disponer la integración de conformidad con loestablecido por la ley ritual en los casos de litisconsorcio y/o intervención deterceros, a fin de evitar la sustanciación de un proceso que carezca, en últimainstancia, de utilidad práctica.XII. Por otra parte, quienes suscribimos la presente, no podemosdesconocer y, por ende, dejar de tener en cuenta, el interés real y manifiesto del juezJuan Manuel Culotta en hacerse cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia N°1 de esta ciudad, expresado por dicho magistrado en la nota dirigida a la Presidentedel Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, y advertido enoportunidad de expedirnos sobre su pedido de traslado ante la requisitoria delPresidente de la Comisión de Selección y Escuela Judicial de dicho Cuerpo (conf.Dictámenes Nros. 101/16 y 17/17 de la Comisión mencionada, Resol. N° 104/17 delConsejo de la Magistratura y Resol. CFLP N° 243/16).A fojas 42 de las presentes actuaciones luce la nota mediante la cual eldoctor Culotta solicitó su traslado como magistrado al Juzgado Federal en cuestión.Señaló: “Motiva tal petición en mi interés en un crecimiento profesional teniendo encuenta que se trata de un juzgado con mayor jurisdicción territorial, dondetramitan causas complejas, en especial aquellas vinculadas con delitos de lesahumanidad, a lo que se suma su competencia en materia electoral.”XIII. Sentado todo lo anterior, en el marco de la profusa doctrinasentada por la Corte Suprema de Justicia para casos afines, no debió transitar esteproceso sin la debida participación del juez Culotta, en procura de sus derechos dedefensa en juicio y estabilidad y permanencia en el cargo de juez subrogante, perotambién en salvaguarda del debido proceso legal que, al igual que los anteriores y eldel juez natural –sobre el que se sustenta el fallo apelado-, resulta un derechoconstitucional y convencional que los tribunales deben garantizar en todo momento(conf. Arts. 18 y 75, inc. 22, de la Constitución Nacional; art. 18 de la DeclaraciónAmericana de Derechos y Deberes del Hombre; arts. 8 y 10 de la DeclaraciónUniversal de Derechos Humanos; art. 8 de la Convención Americana sobreFecha de firma: 01/08/2017Firmado por: JULIO VICTOR REBOREDO, JUEZ DE CAMARAFirmado por: CARLOS ROMAN COMPAIRED, JUEZ DE CAMARAFirmado por: ROBERTO AGUSTIN LEMOS ARIAS, JUEZ DE CAMARA#29590653#184533152#20170801115118786Poder Judicial de la NaciónCAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA IDerechos Humanos; Corte Interamericana de Derechos Humanos, en “AptizBarbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) vs. Venezuela”,fallo del 05-08-2008).Frente a ello, ante la pretendida ejecución de la sentencia que ordena elcese, en el plazo de 10 días, de la subrogancia ejercida por el doctor Juan ManuelCulotta (v. ptos. V y VI de la parte resolutiva), y además la férrea oposiciónplanteada por el Estado Nacional respecto de la falta de intervención del citadomagistrado –a diferencia de lo que ocurrió al momento de sentenciar en el caso“Uriarte”-, el Tribunal debe hacer respetar las formas esenciales del proceso, sin quepueda admitir que éste siga su curso cuando advierte deficiencias que vulneran elderecho de defensa. Allí la nulidad puede ser decretada de oficio, inclusive frente aun planteo extemporáneo, pero más aún cuando una de las partes lo peticionaexpresamente (conf. esta Sala, en autos “Negro, Lidia N. y otro c/ PEN y ots. s/acción de amparo”, expte. N° 17.488/11, fallado el 30-08-2011).XIV. En tales condiciones, corresponde admitir parcialmente losagravios de la recurrente en cuanto al pedido de nulidad de la sentencia, tornándoseinnecesario el tratamiento de los restantes.Por ello, con la mayor premura posible, en la instancia de origendeberán adoptarse las diligencias necesarias para conferirle la debida intervención aljuez Juan Manuel Culotta en el presente proceso.XV. Por último, en atención a las deficiencias procesales apuntadas enlos considerandos que anteceden y teniendo en cuenta que el juez Recondo ya sepronunció sobre la cuestión de fondo debatida, debe disponerse su apartamiento delas presentes actuaciones, a fin de salvaguardar la garantía de imparcialidad deljuzgador y, en consecuencia de conformidad con la Acordada CFALP N° 2/16, darleintervención al juez titular del Juzgado Federal N° 2 de La Plata, Dr. Adolfo GabinoZiulu, quien deberá continuar con el trámite del proceso de acuerdo a las pautas quesurgen de la presente [en igual sentido, CFALP, Sala de Feria, en “Guerin, LuisGuillermo c/ Estado Nacional – AFSCA s/ amparo ley 16.986” (expte. N° FLP14/2016), fallo del 22-01-2016; Sala III, en “Incidente de prisión domiciliaria enautos: R., C. y otros” (expte. N° FLP 54007241/2013/17), fallo del 25-04-2017].Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:1) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por lademandada y, consecuentemente, DECLARAR LA NULIDAD DE LASENTENCIA obrante a fojas 266/299 vta.Fecha de firma: 01/08/2017Firmado por: JULIO VICTOR REBOREDO, JUEZ DE CAMARAFirmado por: CARLOS ROMAN COMPAIRED, JUEZ DE CAMARAFirmado por: ROBERTO AGUSTIN LEMOS ARIAS, JUEZ DE CAMARA#29590653#184533152#20170801115118786Poder Judicial de la NaciónCAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA I2) Apartar del conocimiento de estas actuaciones al titular del JuzgadoFederal N° 4 de esta ciudad, Dr. Alberto Osvaldo Recondo, y disponer que el titulardel Juzgado Federal N° 2 de esta sede, Dr. Adolfo Gabino Ziulu, deberá entender enautos, conforme a lo expuesto en los considerandos de la presente.3) Disponer que el juez interviniente deberá, con la mayor premuraposible, adoptar las diligencias necesarias para conferirle la debida intervención enel presente proceso al juez Juan Manuel Culotta.Regístrese, notifíquese, póngase en conocimiento de lo resuelto a laCámara Nacional Electoral y al juez Alberto Osvaldo Recondo y, oportunamente,remítase al Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de La Plata, a través de laOficina de Asignación de Causas (OAC) para su debido registro.
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