Causa Scioli: piden embargo y que no salga del país

El fiscal platense Alvaro Garganta pidió hoy la inhibición de bienes por 180 millones de pesos y la prohibición de salir del país para el ex gobernador bonaerense y actual Diputado nacional, Daniel ‘pichichi’ Scioli, en el marco de la causa que investiga presuntos hechos de corrupción en la adjudicación de obra pública.

Info7días accedió al pedido que el fiscal Garganta realizó a la jueza Marcela Garmendia, el que se publica a continuación:

Sra. Jueza de Garantías:

Alvaro Garganta, Agente Fiscal titular de la UFI N° 11 Departamental, en la presente Investigación Penal Preparatoria nº PP-06-00-020688-16/00, caratulada Daniel Osvaldo Scioli y Otros s/Negociaciones Incompatibles con el ejercicio de la Función Pública" a V.S. me presento y respetuosamente digo:

I.-OBJETO: Que vengo por el presente a solicitar la inhibición general de bienes de los imputados Daniel Osvaldo Scioli,Alejandro Federico Collia, y Ricardo Estanislao Miller (Art. 197 y cctes. del C.P.P.)

Que asimismo vengo a peticionar, que se les prohiba a los imputados  salir del pais sin previa autorización judicial, en razón de las consideraciones que paso a exponer.

II.-FUNDAMENTO:

a.-INHIBICION GENERAL DE BIENES:Que tal y como surge del auto de fs. 2436/2453, a los imputados, aunque asumiendo diferentes roles, se les atribuye haber haber cometido el delito de:

a) Hecho I NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE CON EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (5 hechos en concurso real) en CONCURSO REAL conTRÁFICO DE INFLUENCIAS PASIVO Y ACTIVO (5 hechos en concurso real),ambos en CONCURSO IDEAL conINCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO, a tenor de lo normado por los arts. 54, 55, 265, 256 bis, 258 (en su remisión al 256 bis) y 248 del Código Penal.

b) Hecho II NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE CON EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (2 hechos en concurso real) en CONCURSO REAL conTRAFICO DE INFLUENCIAS PASIVO Y ACTIVO (2 hechos en concurso real) ambos en CONCURSO IDEAL conINCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO, a tenor de lo normado por los arts. 54, 55, 265, 256 bis, 258 (en su remisión al 256 bis) y 248 del Código Penal.

c) Hecho III NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE CON EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (2 hechos en concurso real) en CONCURSO REAL conTRAFICO DE INFLUENCIAS PASIVO Y ACTIVO (2 hechos en concurso real) ambos en CONCURSO IDEAL conINCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO, a tenor de lo normado por los arts. 54, 55, 265, 256 bis, 258 (en su remisión al 256 bis) y 248 del Código Penal.

Que también surge de dicha resolución que el monto de las quince obras públicas adjudicadas irregularmente asciende a la suma de 189.200.000 pesos.

Que el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, habilita al Juez de Garantías "Luego de recibida la declaración del imputado" a ordenar el embargo y/o la inhibición General de Bienes, "hasta cubrir la cantidad suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas".

Que conforme surge de fs. 2468/2470, 2493/2495, y 2546/2548 a los imputados se le ha recibido declaración en los términos del artículo 308 del C.P.P.

Que sin perjuicio de lo dicho en torno al resguardo de una eventual indemnización pecuniaria y de las costas del proceso, el Estado Nacional por medio de las leyes 24.759, y 26.097 aprobó la Convención Interamericana contra la Corrupción, y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.    

Que ambos instrumentos internacionales, contemplan el delito de Tráfico de Influencias y el de Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de la Función Pública, como actos de Corrupción, estableciendo además como objetivo prioritario el recupero patrimonial en favor de los Estados Parte. (Artículo VI de la Convención Interamericana y Art. 17 de la Convención de las Naciones Unidas)

Que la Convención de las Naciones Unidas establece exprésamente que "Cada Estado Parte adoptará [...], las medidas que sean necesarias para autorizar el decomiso: a) Del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención o de bienes cuyo valor corresponda al de dicho producto" (Art. 31 inc. 1°)

Que tras ello el mismo artículo preveé que Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para permitir la identificación, la localización,el embargo preventivo o la incautación de cualquier bien a que se haga referencia en el párrafo 1 del presente artículo con miras a su eventual decomiso. (Inc. 2°)

Que sin perjuicio de la prioridad piramidal que poseen los tratados internacionales en nuestro ordenamiento jurídico en relación a las leyes (Art. 75 inc. 22 de la C.N.), en correlato con los instrumentos citados, el artículo 23 del Código Penal de la Nación, establece que "El juez podrá adoptar desde el inicio de las actuaciones judiciales las medidas cautelares suficientes para asegurar el decomiso del o de los inmuebles [...] y todo otro bien o derecho patrimonial sobre los que, por tratarse de instrumentos o efectos relacionados con el o los delitos que se investigan, el decomiso presumiblemente pueda recaer. El mismo alcance podrán tener las medidas cautelares destinadas a hacer cesar la comisión del delito o sus efectos, o a evitar que se consolide su provecho o a obtaculizar la impunidad de sus partícipes"

Que en razón de lo expuesto vengo a peticionar a V.S. que ordene la inhibición general de  bienes de los imputados a los efectos de asegurar un eventual resarcimiento económico, las costas del proceso, y en su caso el decomiso de los bienes.

b.-PROHIBICIÓN DE SALIR DEL PAIS:

Que por su parte, las medidas cautelares previstas en los artículos 197 a 200 del C.P.P. y que apuntan a mantener la indemnidad patrimonial de los imputados en vísperas a una eventual indemnización, no revisten caracter taxativo por su propia naturaleza.

En efecto, así lo establece en su articulado la norma subsidiaria a la que el propio Código Procesal Penal ordena remitir al referir que "El juez,[...] podrá disponer una medida precautoria distinta de la solicitada, o limitarla, teniendo en cuenta la importancia del derecho que se intentare proteger" (Art. 204 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires)

Que incluso la prohibición de salir del pais, sin previa autorización judicial, se encuentra prevista en el artículo 103 de la Ley de Concursos y Quiebras, hasta el esclarecimiento de la situación patrimonial del fallido. Ello, amén que sin perjuicio de lo dicho sobre la cautela personal, razones de elemental prudencia, aconsejan ésta minima interferencia de no perder contacto con los imputados (Art. 146, y 160 del C.P.P.).  

Que en éste sentido, estimo que en virtud del auto de fs. 1257/1283, la magnitud de la presente investigación y la disponibilidad económica de los imputados, recomiendan que a los mismos se les prohiba salir del pais sin previa autorización del Juzgado a su cargo, toda vez que dicha medida, junto con la peticionada en el punto II a) de éste requerimiento, resultan indispensables para garantizar la incolumidad de sus patrimonios, en perspectiva de una eventual condena resarcitoria y/o de decomiso y en otro orden para garantizar su presencia personal en el juicio.  

III.-PETITORIO: Que en razón de los argumentos antes expuestos, y a los efectos ya mencionados, es que vengo por el presente a solicitarle que proceda a la inhibición general de bienes, respecto de los imputados Daniel Osvaldo Scioli, Alejandro Federico Collia, y Ricardo Estanislao Miller, por un valor de 189.200.000 pesos (CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES, DOSCIENTOS MIL PESOS), monto estimado para satisfacer los rubros mencionados, y se disponga además que los mismos no puedan salir del país sin previa autorización judicial.  

Asimismo y a los efectos de no retrasar el trámite de la presente investigación, le solicito que el presente requerimiento tramite vía incidental. (Art. 200 del C.P.P.)